Piden a Obama que establezca una Oficina de Salud Maternal para reducir la tasa de mortalidad durante el embarazo
(Nueva York). Amnistía Internacional hizo un llamado al presidente Obama para que establezca rápidamente una Oficina de Salud Maternal que dirija una acción gubernamental para reducir el creciente número muertes maternales y complicaciones relacionadas con el embarazo a nivel nacional. La organización internacional dijo que el gobierno debe tomar medidas inmediatas  para detener la pérdida de vidas de dos a tres mujeres al día y reducir el riesgo de complicaciones que afecta un tercio de mujeres embarazadas – 1.7 millones de mujeres al año.
 Con un riesgo de toda la vida de muertes maternales que es mayor que en otros 40 países, incluso prácticamente todos los países industrializados, Estados Unidos ha fallado en disminuir la tendencia creciente de dos décadas de muertes maternales evitables, a pesar de las promesas de hacerlo.
 "La extraordinaria trayectoria de los avances médicos en este país hace que la manera caprichosa de abordar la salud de la madre sea aun más escandalosa y vergonzosa," dijo Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía InternacionalEE.UU . "La salud de la madre no puede ser vista como si fuera un lujo disponible solo para aquellas que pueden tener acceso a los mejores hospitales y los mejores doctores. Las mujeres no deben de morir en el país más rico del mundo a causa de complicaciones y emergencias que pueden prevenirse."
Cox dijo: "Las madres mueren en parto no porque los Estados Unidos no puede proporcionar buenos cuidados, sino por la falta de voluntad política para asegurar que estos buenos cuidados estén disponibles para todas las mujeres."
El nuevo reporte nacional de Amnistía Internacional, de 101 páginas,  Deadly Delivery: The Maternal Health Care Crisis in the USA (Parto Perecedero: La Crisis del Sistema de Cuidados Médicos para las Madres en EE.UU.), incluye estas conclusiones preocupantes:
*  Las complicaciones severas relacionadas con el embarazo que casi causan la muerte—conocidas como "conato de muerte"—están aumentando a una velocidad alarmante: 25 por ciento desde 1998. Actualmente cerca de 34,000 mujeres al año sufren un "conato de muerte."
* La discriminación cuesta vidas. Se están perdiendo  oportunidades para salvar vidas de mujeres y reducir las complicaciones del parto, en gran parte, porque hay barreras para cuidados, especialmente para las mujeres de grupos minoritarios, para las que viven en la pobreza y para las mujeres nativo americanas, las inmigrantes y las que hablan muy poco o nada de ingles.
La salud maternal es un derecho humano para todas las mujeres en Estados Unidos, sin importar su raza o su nivel de ingresos. Sin embargo, los Estados Unidos carecen de una respuesta gubernamental robusta y sistemática a este problema crítico. Amnistía Internacional insta al presidente Obama a trabajar con la secretaria del Departamento de Salud y de Servicios Humanos, Kathleen Sebelius para establecer, y buscar financiamiento del Congreso, para una oficina sola responsable de asegurar que todas las mujeres reciban cuidados de médicos maternales de buena calidad.
Además, Amnistía Internacional hace un llamado para que, vigorosamente, se haga cumplir con  las leyes federales de no discriminación, y para que en el 2011 se incremente el apoyo a los centros de salud calificados por el gobierno federal (FQHC por sus siglas en inglés) para expandir el número de mujeres con acceso a cuidados médicos maternales de bajo costo.
El análisis de Amnistía Internacional muestra que la reforma del sistema de salud ante el Congreso no incluye la crisis de cuidados médicos maternales.
"La reforma está enfocada principalmente en la cobertura de asistencia médica y a la reducción de gastos de esta, y hasta los cálculos más optimistas predicen que cualquier propuesta sobre la mesa todavía dejará millones sin acceso a cuidados médicos de bajo costo," dijo Rachel Ward, una de las autoras del informe de Deadly Delivery. "Además, esto no aborda la discriminación, fracasos sistémicos y la carencia de la responsabilidad del gobierno documentada en el reporte de Amnistía Internacional."
 Se necesita un liderazgo federal rápido, puesto que la investigación encontró varias fallas sistémicas, incluyendo las siguientes:
Los obstáculos a los cuidados médicos son ampliamente visibles, aunque los Estados Unidos gasten más en cuidados médicos que cualquier otro país y más en los gastos de hospital relacionados con el embarazo y el parto, $86 mil millones, que en cualquier otro tipo de cuidado hospitalario.
Casi 13 millones de mujeres en edad de reproducción (de los 15 a los 44), o una de cada cinco, no tienen seguro médico.  Las mujeres de grupos minoritarios representan un poco menos de un tercio de todas las mujeres en los Estados Unidos (32 por ciento) pero más de la mitad (51 por ciento) de mujeres sin seguro.
Una de cada cuatro mujeres no recibe cuidados prenatales adecuados, empezando por el primer trimestre. La cifra aumenta a una de cada tres en las mujeres afroamericanas y nativo americanas.
Agobiantes procedimientos burocráticos en la inscripción de Medicaid sustancialmente retrasan acceso a la vital asistencia prenatal para la mujer embarazada en busca de asistencia financiada por el gobierno.  Veintiún estados actualmente no permiten que mujeres embarazadas tengan acceso temporal a asistencia médica mientras que su solicitud permanente de Medicaid esté pendiente. Las mujeres que no reciben ninguna asistencia prenatal son tres a cuatro veces más propensas a morir que la mujer que sí lo recibe.
La falta de profesionales de cuidados médicos es un serio obstáculo a la asistencia oportuna y adecuada, especialmente en áreas rurales y los barrios deprimidos de las ciudades. En el 2008, 64 millones de personas vivían en "áreas de escases" de asistencia primaria (que incluye cuidados maternales), sin embargo, los centros comunitarios de salud apoyados por el gobierno federal – una crítica red de seguridad – están disponibles en solo 20 por ciento de estas áreas.
La falta de protocolos nacionales estandarizados abordando las principales causas de muerte – o la aplicación inconsistente de ellos – puede llevar a muertes o lesiones prevenibles. Por ejemplo, medidas ampliamente empleadas en el Reino Unido para la prevención de coágulo sanguíneo después de la cesárea no son empleadas sistemáticamente en los Estados Unidos.
Muchas mujeres no tienen la oportunidad de decidir sobre la asistencia que reciben y no reciben suficiente información sobre las señales de complicaciones y el riesgo de intervenciones, como la inducción del parto o la cesárea. Las operaciones cesáreas representan casi un tercio de todos los partos en los Estados Unidos – dos veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El riesgo de muerte después de una cesárea es más de tres veces mayor a la de partos vaginales.
El número de muertes es probablemente un considerable subestimado ya que no existen requisitos federales para reportar muertes de madres relacionadas con el embarazo y el parto y la colección de datos al nivel estatal es insuficiente.
Existe una carestía de supervisión y responsabilidad; 29 estados y el Distrito de Columbia carecen por completo de un proceso de revisión de muertes maternas.

Como resultado, las mujeres tienen mayor probabilidad de tener un embarazo con pobre salud, de recibir cuidado prenatal tardío o inadecuado, y de recibir cuidado inadecuado o insuficiente durante y después del parto.

CALIFORNIA SEES BIGGEST DROP IN TB CASES SINCE 2000
SACRAMENTO - The number of tuberculosis cases reported in California last year dropped by its biggest margin in nearly a decade, Dr. Mark Horton, director of the California Department of Public Health (CDPH), announced today.
"We have come a long way in our struggle to eliminate TB and we can be proud of our aggressive efforts to control the disease," Horton said. "We need to continue to be vigilant so that we don't see a resurgence in our state."
In 2009, 2,472 cases of active TB were reported, a decrease of 8.6 percent from 2,695 cases in 2008. The decline was the largest since 2000 and pushed the TB rate to 6.4 cases per 100,000 residents - the lowest on record in California.
Rates of TB among all major racial and ethnic groups decreased, however significant disparities continue. Among Native Americans, the rate was 1.0 cases per 100,000 residents; White, 1.3; Hispanic, 6.5; Black, 7.8; Asian/Pacific Islander, 22.0.
Because California is a popular destination for travelers from around the globe and because we have a large immigrant population, the state continues to feel the impact of the global TB epidemic. As in previous years, approximately three-fourths of the TB cases reported in California were among persons born in other countries. Last year, however, the number of TB cases among foreign-born persons who had been in the United States less than a year dropped substantially - from 279 cases in 2008 to 176 cases in 2009. The decline, Horton said, is most likely due to reduced overall immigration and improved screening of immigrants for TB before arrival.
CDPH has been working closely with the Centers for Disease Control and Prevention to develop, implement and evaluate systems to improve pre-immigration TB screening and treatment prior to arrival in California. In addition, CDPH supports the work of local health departments to ensure that recent immigrants at high risk for TB receive appropriate medical care after arrival in California.
The World Health Organization has declared March 24, 2010, "World TB Day."

DHS UNVEILS INITIATIVES TO ENHANCE E-VERIFY
Agreement with Department of Justice and Outreach Initiatives Will Strengthen E-Verify for Employers and Employees

WASHINGTON Department of Homeland Security (DHS) Secretary Janet Napolitano today joined U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) Director Alejandro Mayorkas to announce a trio of initiatives to strengthen the efficiency and accuracy of the E-Verify system.

These initiatives include a new agreement with the Department of Justice that will streamline the adjudication process in cases of E-Verify misuse and discrimination; an informational telephone hotline for employees to provide a more timely, effective and seamless customer experience for workers seeking E-Verify information; and new training videos focusing on E-Verify procedures and policies, employee rights and employer responsibilities in English and Spanish.

 E-Verify is a smart, simple and effective tool that helps employers across the country maintain a legal workforce,  said Secretary Napolitano.  The initiatives announced today will provide essential information to workers about their rights and ensure that E-Verify is used fairly while bolstering the Department's efforts to protect critical employment opportunities.   

  USCIS continues to partner with our federal colleagues, as well as industry and employee representatives, to build a verification program that is accurate, efficient and fair for employers and workers alike,  said Director Mayorkas.  We look forward to working with our colleagues in the Department of Justice to ensure the continued integrity and improvement of E-Verify.

 This agreement will better enable us to protect individuals who are authorized to work in this country from national origin or citizenship-status discrimination,  said Assistant Attorney General for Civil Rights Division Thomas Perez.  We will not hesitate to take action against employers who violate our nation's civil rights laws. *

The Memorandum of Agreement signed between USCIS and the Department of Justice s Office of Special Counsel for Unfair Immigration-Related Employment Practices establishes a streamlined process for addressing potential cases of discrimination and employer misuse of E-Verify and establishes protocol between USCIS and the Department of Justice for referring matters that fall within the agencies  respective jurisdictions.

The two new, educational training videos, explaining E-Verify procedures and policies, employee rights and employer responsibilities in English and Spanish were created by the DHS Office for Civil Rights and Civil Liberties and are viewable at www.dhs.gov/e-verify and www.youtube.com/ushomelandsecurity.

Additionally, the USCIS E-Verify help line will now offer employees information about the E-Verify process, as well as assistance in completing the Form I-9 (Employment Eligibility Verification). Callers can also use the help line to will file complaints about possible discrimination or employer misuse of the E-Verify program. The hotline number is (888) 897-7781 and will be active beginning April 5, 2010.

E-Verify is a free, easy-to-use Web-based system operated in partnership by USCIS and the Social Security Administration that allows participating employers to electronically verify the employment eligibility of newly-hired employees. More than 192,000 participating employers at more than 705,000 worksites nationwide currently use E-Verify to electronically verify their workers  employment eligibility. Since Oct. 1, 2009, E-Verify has processed more than six million queries.